El pasado jueves, el Concejo Deliberante de Villa Allende sancionó una ordenanza que prohíbe la presencia de “naranjitas” en las calles de la ciudad. El oficialismo argumentó que la norma busca “ordenar el espacio público, proteger a los vecinos y evitar situaciones de presión o amenazas”.
Soledad Vázquez, concejal del PRO, sostuvo que “es una ordenanza muy breve que prohíbe la actividad, establece las sanciones y define qué es la actividad prohibida”. En ese marco, explicó que “a partir del jueves pasado, esta actividad está prohibida” y que “solo podrán realizar estas tareas de colaboración de estacionamiento aquellos que estén autorizados por el municipio”.
La normativa contempla sanciones económicas y la posibilidad de intervención de la fuerza pública: “En una primera medida es pedirles que se retiren, que desistan de realizar esa actividad”, señaló Vázquez, y agregó: “Están autorizados por ordenanza a requerir de la fuerza pública para ser retirados”.
Desde la oposición, en cambio, vincularon la medida con la reglamentación del estacionamiento medido, aprobada en octubre de 2024. Sostienen que el objetivo es allanar el camino para el ingreso de una empresa privada que se haría cargo del servicio.
Marta Banegas, concejal de “Elegí Villa Allende”, cuestionó la decisión: “Muchos de ellos son vecinos honestos de nuestra ciudad, y hace muchos años realizan esta tarea que les ayuda en su economía familiar”. También criticó el accionar del oficialismo: “Este gobierno ya viene mostrando que tiene mucha insensibilidad. No son un número, son personas”.
Ariel Rodríguez trabaja como “naranjita” desde el año 2001 y asegura que para él el grupo "es una segunda familia”. En diálogo con este medio, expresó: “Ellos me ayudan a tener mi platito de comida sobre la mesa” y destacó que ve con buenos ojos que se incluya a quienes ya realizan esa tarea: “Me parece bien que sea un proyecto para los mismos que trabajan en lo mismo que hago yo, que sigan teniendo su trabajo”.
Rodríguez también reconoció que “han habido problemas de violencia”, pero aclaró que se trata de “gente que no tiene su permiso” y no representa al conjunto.
En la calle, las opiniones están divididas. Algunos vecinos aseguran que “es un desastre últimamente” y celebran la iniciativa. Otros, en cambio, lamentan el impacto social: “Te duele que los saquen de ahí, ellos también tienen el derecho a vivir y sobrevivir”.
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