La “medida de tutela anticipada” dictada este miércoles por el Gobierno Nacional obliga a un grupo de empresas -que representan el 75% de los afiliados- a reajustar a partir de la próxima facturación los valores de las cuotas de sus planes de salud a diciembre de 2023, teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La resolución fue dispuesta a instancias de la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor que “determinó que existen indicios múltiples de un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país”, según la información oficial.
En este contexto, en su diálogo con Telefe Noticias el Secretario General de la Asociación de Clínicas Privadas, Ignacio Escuti, dijo que apoyaba la decisión del gobierno de reprochar la cartelización y corrupción pero criticó que “en un ámbito como el que vivimos o en una situacion como la se vive hoy no se valoren los costos de las prestaciones”.
“Están rompiendo el sistema. Hay que ver el costo de la prestacion y hay que ver quien lo financia”, afirmó. “Si la prepaga cierra, o no le puede pagar al prestador -que también cierra-, los afectados somos la comunidad en general”.
“Yo se que es muy antipatico lo que estoy diciendo” reconoció, pero “esa es la realidad y esa es la solución”, aseguró.
“Espero, como esperamos todos, que este gobierno pueda sacarnos adelante y entre todos podamos llegar a algo normal”, concluyó.
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