La provincia de Córdoba ha puesto en marcha un ambicioso programa destinado a recuperar los costos de atención médica en el sistema de salud. Esta iniciativa, que excluye el cobro a estados provinciales y municipales pero incluye a diversas entidades como obras sociales, mutuales e institutos, ha sido respaldada por un decreto firmado por el gobernador Martín Llaryora y el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer.
El decreto, emitido el 14 de marzo de este año, instruye al sistema público provincial de salud que facture los costos de la prestación y procure su recupero siempre que el paciente tenga algún tipo de cobertura. Textualmen, el instrumento establece que “a los fines de la gestión del recupero, se entiende que el mismo procede ante cualquier tipo de prestaci6n que se realice por parte de un efector de salud de los establecimientos dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia a personas que sean titulares o beneficiarias de obras sociales inscriptas en el Registro Nacional de Obras Sociales, Obras Sociales e Institutos Provinciales o Nacionales, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami), entidades de medicina prepaga, de seguros, aseguradoras de riesgos del trabajo, de medicina laboral, mutuales o entidades análogas y/o, en general, de cualquier ente o programa, de cualquier naturaleza juridica, pública o privada, nacional o extranjera, que tengan a su cargo la cobertura de servicios de salud para personas humanas”.
La medida surge a partir de la presentación de un proyecto de ley por parte del legislador de la oposición Juan Pablo Peirone (Juntos por el Cambio). Su propuesta consiste en cobrar aranceles a los residentes de otras provincias y países que se atiendan en hospitales públicos de Córdoba, especialmente en casos de prestaciones de alta complejidad, tratamientos de alto costo o cirugías programadas, excluyendo las urgencias.
En Salta, el gobierno provincial estableció en febrero de este año el arancelamiento de la atención sanitaria para los extranjeros que se encuentren en la Argentina de manera temporal, de vacaciones, o que tengan una residencia precaria, es decir, no permanente. En el primer mes de aplicación de la medida, el Ejecutivo aseguró que se redujo más del 80% la prestación a personas de paso del exterior.
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