Cuando una mujer es asesinada por su pareja o expareja, no solo se apaga una vida. Muchas veces también se destruyen familias enteras, y los hijos de la víctima quedan, de un momento a otro, huérfanos de madre y con un padre preso, prófugo o muerto. En la mayoría de los casos, esos niños son acogidos por la familia materna, que los recibe en un contexto atravesado por el shock, el dolor y la urgencia, sin posibilidad de procesar el duelo de manera integral. Sostiene Ruth Ahrensburg, integrante de la organización Con Voz, que trabaja en el acompañamiento a familias víctimas de violencia de género.
A pesar de que el tema ha comenzado a ser visibilizado en los últimos años, no existe aún una política pública integral que garantice una respuesta inmediata y sostenida para estos niños. Si bien algunos pueden acceder a reparaciones económicas por la Ley Brisa —una norma que otorga una pensión mensual a hijos de víctimas de femicidio—, la asistencia no siempre llega a tiempo ni contempla el acompañamiento emocional o el sostén cotidiano que implica criar a un niño o niña en estas condiciones.
Desde las organizaciones que trabajan en el territorio advierten que la carga suele recaer sobre abuelas, tías o hermanas, quienes deben reorganizar su vida y muchas veces, su economía para poder brindar contención, educación y estabilidad a menores que atraviesan un trauma profundo.
El fallo reciente, que negó el régimen de contacto al abuelo paterno de dos niñas cuya madre fue víctima de femicidio, puso sobre la mesa otro aspecto sensible: los vínculos familiares y el derecho a decidir sobre ellos cuando hay antecedentes de violencia o riesgo para la integridad emocional de los menores. En ese sentido, los Tribunales de Familia enfrentan desafíos complejos.
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