La Justicia provincial llevará a juicio a 16 personas acusadas de integrar una red delictiva que, durante más de una década, operó desde el cuartel central de Bomberos y la Municipalidad de Córdoba.
Según la investigación, la organización emitía certificados falsos de inspección final de bomberos a cambio de dinero, habilitando locales comerciales sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad.
El esquema comenzó en 2008 bajo la conducción de Gustavo Jorge Folli Pedetta, entonces director de Bomberos, y continuó con Sergio Enrique Sosa y Julio Zárate. Desde oficinas en el propio cuartel se gestionaban las habilitaciones apócrifas, con la participación de secretarios, policías, ingenieros, gestores privados y empresarios. Entre los beneficiarios figuran supermercados, bares y complejos deportivos, que recibieron inspecciones inexistentes mientras ocultaban graves riesgos de seguridad e higiene.
La acusación incluye asociación ilícita, falsedad ideológica, cohecho, encubrimiento agravado y uso de documentación falsa. A Folli se le suman cargos por coacción, amenazas y violencia de género.
La red funcionó hasta 2023, cuando siete detenciones desarticularon el circuito ilegal, que durante años comprometió la seguridad pública al permitir que numerosos locales operaran sin cumplir los requisitos de prevención.
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