Virginia Martínez, conocida como la “empleada fantasma” de la Legislatura de Córdoba, será juzgada junto a Guillermo Kraisman en una causa por presunta defraudación al Estado. El ex funcionario del PJ municipal habló desde la cárcel en una entrevista realizada por la periodista María Ester Romero para el diario Perfil y reconoció que los contratos legislativos se utilizaban para financiar el denominado “trabajo territorial” en los barrios.
El expediente se originó cuando Kraisman fue descubierto intentando cobrar un cheque de 950 mil pesos a nombre de Martínez. La maniobra quedó al descubierto gracias a una cajera del Banco de Córdoba, que detectó el movimiento irregular y dio aviso a las autoridades.
Mientras al ex funcionario se le atribuye la tentativa de defraudación, a Martínez se la acusa de falso testimonio. Su defensor, Gustavo Castellanos, sostiene que ella nunca supo de la existencia del contrato y que fue víctima de un mecanismo ajeno. “Es más de lo mismo, lo que ya tenía como estrategia él”, afirmó, en referencia a las declaraciones de Kraisman.
El abogado cuestionó además las contradicciones sobre la fecha de designación de Martínez. Señaló que distintos funcionarios ubican su nombramiento en días distintos de diciembre y que, en todo el período en que supuestamente estuvo vigente el contrato, ella jamás fue notificada. “Virginia Martínez nunca supo de la existencia de este contrato”, remarcó.
Castellanos apuntó directamente contra el accionar de Kraisman: “¿Cómo es que Kraisman se entera y va el 16 de enero a tratar de cobrar y habilitar la tarjeta, cuando estaba a nombre de Virginia Martínez? Es infantil la excusa”.
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