La cantidad de aportantes al sistema previsional cayó en más de 100 mil durante el primer semestre de 2025, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). La situación preocupa al Gobierno, que considera que antes de discutir una reforma de jubilaciones es necesario avanzar con cambios en el sistema laboral para aumentar el número de trabajadores formales que contribuyan al régimen.
Según ASAP, entre enero y junio se perdieron 101.347 aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Esta caída agrava la relación entre quienes aportan y quienes reciben beneficios, que hoy es de 1,8 aportantes por cada jubilado, cuando lo ideal sería 3 a 1.
La disminución de aportantes se combina con un déficit previsional que en los primeros nueve meses del año alcanzó los $4,3 billones. Para el Gobierno, esta brecha es una de las principales fuentes de desequilibrio fiscal.
Por otra parte, el stock de beneficios previsionales también mostró una baja de 22.412 casos en el tercer trimestre. Es el primer retroceso desde el fin de la moratoria previsional en marzo, que había permitido acceder a haberes sin completar los aportes requeridos.
La Casa Rosada insiste en que no puede encarar una modificación del régimen jubilatorio sin antes implementar una reforma laboral. Según fuentes oficiales, ese paso permitiría formalizar empleo y sumar aportantes al sistema.
Los borradores de la reforma ya circulan, pero el tratamiento legislativo podría demorar. Si no se aprueba en sesiones extraordinarias, el debate se trasladará a marzo de 2026, con aplicación recién en 2027. En ese escenario, el año electoral de 2026 podría condicionar decisiones de alto costo político, como recortes o cambios profundos en el régimen previsional.
A septiembre de 2025, el haber medio fue de $675.510, pero el poder adquisitivo cayó 4,9% interanual. Si se compara con noviembre de 2023, cuando asumió Javier Milei, la pérdida llega al 12%, y en cuatro años asciende al 24%.
La situación es más grave para los haberes más bajos, que dependen del bono adicional. Ese refuerzo se congeló en $70.000 desde marzo, lo que afectó al 52,2% de los beneficiarios del sistema (unos 3,2 millones de personas).
El Gobierno excluye el bono de los cálculos oficiales para mostrar una mejora relativa en los ingresos, pero especialistas advierten que la comparación no refleja el costo real de vida. El proyecto de Presupuesto 2026 no contempla una actualización del bono, lo que apunta a licuar su peso en los ingresos de los jubilados.
En julio, el Congreso había aprobado una suba del 7,2% y la elevación del bono a $110.000, pero la norma fue vetada y el oficialismo mantuvo el veto con apoyo de aliados legislativos.
En noviembre, los jubilados recibirán un aumento del 2,1%, por debajo de la inflación estimada, lo que anticipa una mayor pérdida de poder de compra hacia fin de año, en un momento clave para el consumo familiar.
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