Distintos gremios de Córdoba anunciaron una jornada de protesta para el miércoles 19 de noviembre en rechazo al aporte extraordinario que tributan los trabajadores a la Caja de Jubilaciones provincial y a la falta de atención presencial en el organismo. La movilización, convocada por la Asociación Bancaria Seccional Córdoba, contará también con la participación del Suoem, Luz y Fuerza y el gremio de Judiciales. La concentración se realizará en la intersección de 27 de Abril y Cañada, donde los sindicatos exigirán una revisión del esquema previsional vigente.
El malestar sindical se centra en el aporte adicional dispuesto por el Ejecutivo provincial en diciembre de 2023. El mecanismo se implementó con incrementos escalonados del 1% al 4%, pero nunca fue actualizado, lo que derivó en que la gran mayoría de los aportantes continúe tributando un 4% extra sobre su salario. En el caso de los bancarios, que ya destinan un 18% a aportes previsionales, este adicional eleva la carga a un 22%, un porcentaje que los trabajadores consideran desmedido y regresivo.
Desde los gremios advierten que el impacto económico es significativo: en el sector bancario, los descuentos adicionales pueden rondar los $400.000, cifra que varía según el salario de cada empleado. A esto se suma el reclamo de otros gremios por incrementos en los aportes de Apross, aunque esta situación no alcanza al rubro bancario. Los dirigentes señalan que, a pesar del esfuerzo económico que afrontan los trabajadores, las mejoras no se ven reflejadas en los haberes jubilatorios, que continúan con demoras en sus actualizaciones.
Otro de los puntos cuestionados es el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones, que permanece cerrada al público y opera únicamente de manera digital. Los sindicatos sostienen que esta modalidad deja desprotegidos a los adultos mayores, quienes muchas veces enfrentan dificultades para realizar trámites en línea y se convierten en blanco de estafas. Reclaman la restitución de la atención presencial, al menos de forma parcial, para garantizar un servicio adecuado.
Los gremios también objetan el diferimiento en el pago de los aumentos jubilatorios. Advierten que, mientras una familia necesita ingresos superiores a $1.140.000 para no caer en la pobreza, jubilados con haberes cercanos a $1.250.000 deben esperar hasta 60 días para recibir las actualizaciones que les corresponden. Como ejemplo, mencionan casos en los que las deducciones aplicadas por el sistema previsional alcanzan cifras muy elevadas, afectando aún más a quienes dependen de estos ingresos.
En este escenario, las organizaciones sindicales afirman que los trabajadores se han convertido en la variable de ajuste del Gobierno provincial. Entre los principales reclamos figuran la eliminación del aporte extraordinario, la restitución del 82% móvil y la revisión integral del esquema de financiamiento de la Caja de Jubilaciones. La marcha del 19 de noviembre marcará un nuevo capítulo en el conflicto entre los gremios y la administración provincial, que deberá responder a las demandas de un colectivo que asegura estar aportando más sin obtener mejoras en las prestaciones.
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