El proyecto, que impide que personas con condenas por delitos dolosos accedan a cargos públicos, fue aprobado por unanimidad en comisión y se espera que reciba un amplio respaldo en la votación definitiva en el recinto.
La iniciativa surge de la unificación de propuestas presentadas por distintos bloques, tanto oficialistas como opositores, y cobró fuerza en las últimas semanas tras el escándalo que involucró al exlegislador provincial Diego Kraisman, acusado de cobrar sueldos de manera irregular mediante una empleada fantasma.
La ordenanza plantea una reforma al Código Electoral Municipal, incorporando nuevas restricciones para quienes hayan sido condenados (con pena efectiva o condicional) por tribunales provinciales, nacionales o federales. También se contemplan inhabilitaciones accesorias si la condena fue ratificada por una instancia superior.
Además, se establece que todos los candidatos deberán presentar una declaración jurada confirmando que no están alcanzados por estas inhabilitaciones, información que será verificada por la Junta Electoral mediante el control de antecedentes penales. La normativa también actualiza el Código de Ética para la Función Pública, extendiendo los criterios a todos los funcionarios electos o designados.
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