A partir de ahora, los legítimos usuarios y las entidades de tiro podrán adquirir y poseer armas semiautomáticas, como fusiles y subametralladoras de asalto de modelos militares y de calibre superior al .22 LR. Para acceder a este permiso especial, los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos que buscan garantizar que la compra y posesión de estas armas tenga fines deportivos y estén debidamente justificados y controlados.
La medida representa una modificación importante respecto a la normativa que regulaba la compra de armas semiautomáticas en el país. Anteriormente, durante la presidencia de Carlos Menem, un decreto prohibía la adquisición y transferencia de este tipo de armamento a civiles, salvo en casos excepcionales autorizados por el Ministerio de Defensa, una situación que se daba con muy poca frecuencia.
En junio de este año, el Gobierno había dado un primer paso en la ejecución de esta reforma al derogar el decreto anterior que regulaba las armas semiautomáticas, pero hoy ha sido habilitada formalmente la adquisición de fusiles y subametralladoras bajo un nuevo régimen de permisos, lo que ha provocado el rechazo de organizaciones defensoras del desarme.
Martín Angerosa, ex Coordinador Nacional del Plan de Desarme y referente de la Red Argentina para el Desarme, fue uno de los primeros en manifestar su preocupación ante la medida. Angerosa calificó la reforma como una "medida peligrosa para la sociedad" y advirtió que este tipo de decisiones solo contribuyen al aumento de la violencia armada en el país.
"Se mueren siete personas por día a causa de las armas de fuego en la Argentina", señaló Angerosa, enfatizando que la flexibilización en el acceso a armas de alto poder puede agravar la situación de inseguridad. Según el experto, si bien la medida está justificada por el uso deportivo de las armas, el riesgo de violencia urbana y de criminalidad organizada sigue siendo muy alto.
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