Córdoba será una de las provincias donde se replicarán las protestas, tanto en la capital como en distintas localidades del interior.
La medida responde a una serie de problemáticas graves que afectan al sector. Entre ellas, destacan la falta de pagos a prestadores, con demoras que llegan hasta los 120 días, y la suspensión de pensiones no contributivas, lo que ha dejado a miles de personas sin cobertura médica ni acceso a tratamientos esenciales.
En Córdoba, prestadores vinculados a Apross afirman que en lo que va del año no han recibido ningún pago, y alertan que la situación ya es insostenible.
El impacto golpea tanto a profesionales como a las familias que dependen del sistema para cubrir necesidades básicas.
Frente a este panorama, el diputado Daniel Arroyo presentó un proyecto de ley para declarar la Emergencia Nacional en Discapacidad. La iniciativa busca garantizar un presupuesto adecuado, mejorar los ingresos de quienes trabajan en talleres protegidos (que hoy perciben $28.000 mensuales congelados desde febrero de 2023) y agilizar la aprobación de pensiones, con un dato alarmante: en los últimos 14 meses solo se aprobaron 586 de las más de 500.000 solicitudes presentadas.
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