Cientos de personas se movilizaron este miércoles en la Plaza San Martín, en pleno centro de Córdoba, para reclamar la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La norma, aprobada pero aún sin financiamiento asignado, sigue suspendida y genera preocupación en familias y trabajadores del sector.
La medida afecta la continuidad de terapias, beneficios y prestaciones vinculadas a la discapacidad, así como los pagos a transportistas y centros de atención. La falta de respuestas oficiales incrementa la incertidumbre entre quienes dependen del sistema para sostener tratamientos y servicios esenciales.
Desde el gobierno nacional explicaron que la implementación de la ley está demorada porque aún resta definir, en el Senado y con la oposición, el origen de los fondos que permitirían ponerla en marcha. Mientras tanto, el reclamo en las calles refleja la urgencia de una solución.
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