La Cámara del Crimen de Villa María condenó a cuatro de los siete acusados por el robo y tortura de una familia en un campo de Oliva , ocurrido en julio de 2023. El asalto fue dirigido desde una celda de la cárcel de Villa María mediante una videollamada. Los agresores causaron graves lesiones a los integrantes del hogar mientras exigían dinero.
Tres delincuentes ingresaron al establecimiento armados con guantes, pasamontañas y armas de fuego. La familia, compuesta por un matrimonio y dos hijos, fue sometida a torturas extremas . Uno de los hijos, que usa prótesis en una pierna , sufrió golpes que le arrancaron el dispositivo.
La madre recibió fractura de tabique , mientras el padre y el otro hijo fueron sometidos a sumersiones de cabeza en agua. Los agresores exigían una millonaria suma de dinero. El horror del ataque quedó reflejado durante el juicio , con testimonios de las víctimas que aún padecen el trauma .
Gabriel Marchetti , preso que organizó el robo desde la cárcel, fue condenado a nueve años de prisión , unificados en 15 por una sentencia anterior. Tobías Machado y José Luis Fardini , dos de los asaltantes que ingresaron al campo, recibieron nueve años cada uno. Yamila Bárcena , quien pasó a los delincuentes, fue condenada a nueve años, unificada en 12.
El fallo destacó la extrema gravedad del caso y la participación de Marchetti desde su celda . La jueza Hebe Flores y el fiscal Francisco Márquez subrayaron la peligrosidad de la organización a distancia. El caso reveló serias fallas en el control del sistema penitenciario de Córdoba.
El fiscal Enrique Gavier investiga a casi 30 empleados y jefes penitenciarios para permitir que internos operen delitos desde la cárcel . Durante más de una década, internos accedieron a teléfonos celulares para coordinar crímenes. Incluso funcionaba un “call center tumbero” para estafas y otros delitos.
Las víctimas del asalto expresaron su terror en el juicio y abandonaron rápidamente los tribunales tras declarar. El caso genera debate sobre la seguridad de los sistemas penitenciarios y el control de internos. La condena marca un precedente importante para la Justicia en Córdoba.
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