El escándalo por la millonaria compra de uniformes para la Guardia Urbana municipal sumó un nuevo capítulo judicial. El fiscal Anticorrupción Franco Mondino imputó en las últimas horas al exsecretario de Seguridad y Prevención Comunitaria de la Municipalidad de Córdoba, Claudio Vignetta, por el presunto delito de negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública. Con esta decisión, el exfuncionario se convierte en el tercer imputado dentro de la causa que investiga una contratación irregular por casi 99 millones de pesos.
La investigación se centra en la adquisición de 400 uniformes que el municipio encargó en febrero de 2024 a la firma Yche S.A., radicada en La Calera y propiedad del ex policía Sebastián Aguilera, quien mantiene vínculos personales y profesionales con el entonces subsecretario de Seguridad, Walter Ramón Luján. Ambos fueron los primeros imputados en la causa, al detectarse posibles irregularidades en la adjudicación del contrato.
El fiscal Mondino considera que Vignetta tuvo participación en la génesis del proceso de contratación, ya que estaba al frente del área de Seguridad cuando se gestionó la compra. Hasta ahora, el exfuncionario -quien renunció a su cargo en abril de este año- tiene pruebas en su contra para ubicarlo dentro de la estructura de decisiones que derivaron en la polémica adquisición. Su defensa será asumida por el abogado Justiniano Martínez.
La atención en el caso surge del vínculo directo entre Luján y Aguilera, que habría influido en la elección de la empresa proveedora. Cuando la relación salió a la luz, la Municipalidad de Córdoba anuló la operación y removió a Luján de su cargo. Sin embargo, el episodio dejó expuesto el manejo interno de las contrataciones dentro del área de Seguridad y desató una fuerte controversia política. También se generaron cuestionamientos por el monto de la compra anulada, que resultaba muy superior a los valores de mercado.
En octubre de 2024, el municipio volvió a licitar el mismo pedido de 400 uniformes y lo adjudicó por 55 millones de pesos, lo que representó un ahorro cercano al 45% respecto del contrato anterior.
Con la imputación de Vignetta, la causa por el escándalo de los uniformes avanza sobre el núcleo político del área de Seguridad de la gestión municipal, y podría abrir nuevas líneas de investigación sobre cómo se tomaron las decisiones que derivaron en una compra millonaria que nunca llegó a concretarse.
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