En octubre de 2018, Valeria Reinoso se sometió a una cirugía estética en el Hospital Privado de Córdoba. Si bien salió de quirófano lúcida y consciente, en la sala de recuperación sufrió una grave descompensación que la dejó en estado vegetativo permanente.
Según denunció su familia, el hecho se debió a una serie de negligencias durante el posoperatorio: falta de monitoreo adecuado, alarmas que no funcionaron y una demora crítica en la atención médica cuando se produjo la crisis. También sostienen que a Valeria se le administraron medicamentos contraindicados para su organismo, lo que habría desencadenado una hipoxia severa con consecuencias irreversibles.
Seis años después, en octubre de 2024, la Cámara Novena del Crimen de Córdoba resolvió condenar civilmente al Hospital Privado al pago de $175.500.000, en concepto de daño moral, lucro cesante e incapacidad, además de hacerse cargo del tratamiento médico de por vida para Reinoso.
Sin embargo, en el mismo fallo, fueron absueltos los tres profesionales imputados: el anestesista Aníbal Olivazzi, la enfermera Yanina Monier y el anestesista residente Luis Richetta, para quienes la querella había solicitado penas de prisión condicional e inhabilitación profesional por presunta mala praxis y abandono de persona.
Disconforme con la resolución, la familia de Valeria Reinoso apeló el fallo, reclamando que también se imponga responsabilidad penal a los profesionales de la salud involucrados en el hecho. A siete años del procedimiento que cambió su vida para siempre, insisten en que no puede haber condena al hospital sin consecuencias para quienes actuaron -o no actuaron- directamente sobre la paciente.
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