En Córdoba, donde las aplicaciones de transporte de pasajeros siguen siendo ilegales, crece un mercado paralelo que aprovecha la falta de regulación y la crisis económica.
Se trata del alquiler de autos y licencias para trabajar con plataformas como Uber.
Quienes no cuentan con un vehículo propio o no pueden acceder a una cuenta habilitada, recurren a grupos informales donde se ofrecen autos y credenciales. El precio de estos alquileres puede oscilar entre los 50.000 y 70.000 pesos por día, según la demanda y el tipo de vehículo.
También se alquilan perfiles de conductor en las aplicaciones. Esto genera una situación de riesgo e incertidumbre para los pasajeros, ya que en muchos casos el chofer que efectivamente realiza el viaje no coincide con la identidad que aparece en la app.
En un escenario sin legislación local, el transporte por aplicación se mueve en una verdadera tierra de nadie.
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