La Legislatura de Córdoba fue allanada el viernes por orden de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2ª Nominación, en el marco de una investigación judicial que busca establecer si hubo más contrataciones irregulares dentro del Poder Legislativo. La medida coincidió con la presentación del Presupuesto 2026 y generó desconcierto entre empleados y legisladores.
El operativo, dispuesto por el fiscal Franco Mondino, apunta a obtener información vinculada a dos nuevas denuncias sobre presuntos asistentes legislativos incorporados de manera irregular. Estas presentaciones surgieron luego del caso de Virginia Martínez, la asesora que figuraba contratada y cuyo sueldo —según determinó la Justicia— fue intentado cobrar por el exconcejal Guillermo Kraisman a fines de 2024. Ese episodio derivó en su detención y activó la revisión de otros posibles contratos que no cumplían funciones reales.
En el procedimiento participaron personal policial, equipos de investigación del Ministerio Público Fiscal y especialistas en informática de Policía Judicial, quienes secuestraron documentación administrativa y registros del personal contratado. Fuentes cercanas a la causa indicaron que el material será analizado para determinar si existieron otros casos de presuntos “contratados fantasmas”.
Autoridades de la Legislatura confirmaron que se entregó toda la información requerida por la Justicia, incluyendo nóminas de asesores, relaciones contractuales y sueldos. Desde el entorno de la vicegobernadora Myrian Prunotto señalaron que se aportaron todos los datos solicitados y expresaron acompañamiento al avance de la investigación.
La investigación no se limita al período en el que Martínez estuvo contratada, sino que abarca otros momentos y modalidades de ingreso. A comienzos de año, Mondino ya había requerido informes y citó como testigo a la legisladora Nadia Fernández, quien había autorizado el ingreso y la baja contractual de Martínez.
El allanamiento también generó reacciones políticas. El bloque de la UCR expresó preocupación por el procedimiento en áreas de sueldos y administración y cuestionó el manejo de la información pública. Su presidente, Matías Gvozdenovich, sostuvo que era necesario garantizar “la total apertura de la información” y anticipó que presentarán un pedido de informes para conocer los motivos del operativo y los posibles responsables involucrados.
La fiscalía continuará analizando la documentación recolectada para establecer si existieron o no nuevas situaciones irregulares dentro del Poder Legislativo provincial.
----------------------------------------------------------------------------------
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE TELEFE CÓRDOBA Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp, simplemente hace click aquí y ya formas parte de nuestra comunidad. También te invitamos a ser parte de nuestras redes sociales, en Instagram como @telefecordoba y en Facebook Telefe Córdoba.
Comentarios