Un militar detenido por asociación ilícita detrás de la red de trata de alumnas vírgenes en Salta

El juez federal de Garantías N°1, Julio Leonardo Bavio, resolvió dictar prisión preventiva para siete de los ocho acusados en la causa que investiga una red de trata de personas que funcionaba alrededor de un colegio en la zona sur de la ciudad de Salta. A cinco de los involucrados se les agravó la imputación al sumárseles el delito de asociación ilícita, entre ellos el remisero sindicado como organizador principal y dos empresarios.

El expediente, que ha sido calificado como de una gravedad sin precedentes por la cantidad de víctimas, involucra a nueve personas y revela una trama de captación, abuso, filmación y coacción sobre estudiantes de entre 12 y 17 años.

En la audiencia de ayer, el juez Bavio determinó que siete de los acusados continúen detenidos, mientras que un hombre de Campo Quijano recibió arresto domiciliario. Mientras tanto, se avanza con peritajes a los celulares y se levantó el secreto bancario para investigar posibles transferencias de dinero. Según trascendió, se ofrecían 200 mil pesos por estudiantes vírgenes.

Esta decisión judicial coincidió con el pedido del fiscal federal Eduardo Villalba, quien advirtió sobre el “riesgo concreto de entorpecimiento” de la investigación.

Audios que impactan

Durante la audiencia, se incorporaron dos audios del remisero, considerados pruebas clave. En las grabaciones, el acusado ofrece a menores de edad y coordina encuentros sexuales con adultos. Frases como “tengo una chica de 16 años” y “somos cinco” quedaron registradas en esas conversaciones. El remisero, señalado como el eje de la organización, habría sido quien contactaba a las adolescentes, organizaba los traslados y recibía los pagos de los “clientes”, tanto en efectivo como por transferencia. En ocasiones, filmaba los encuentros o exigía a las jóvenes que enviaran fotos o videos, material que luego se utilizaba para amenazarlas y someterlas.

A partir de estos elementos, la fiscalía amplió la acusación por asociación ilícita a cinco imputados: el remisero, los dos empresarios detenidos en septiembre y dos de los arrestados más recientes.

Los demás enfrentan cargos por promoción y facilitación de la prostitución agravada, ya que las víctimas son menores de edad.

Las chicas eran trasladadas en un Volkswagen Voyage blanco conducido por el remisero, y en algunas oportunidades iban ocultas bajo los asientos o en el baúl para evitar ser vistas por vecinos o autoridades.

Los abusos habrían ocurrido en dos moteles ubicados sobre la ruta nacional 26, camino a La Isla. En uno de los hechos, una adolescente fue obligada a ingresar al baúl del auto. También se identificaron otros lugares donde los acusados forzaban a las víctimas a participar de tríos, orgías o despedidas de soltero. Los informes forenses indican que los hechos provocaron daños psicológicos y físicos irreparables en las jóvenes.

La denuncia que desencadenó todo

La causa se originó en junio de 2024, luego de que una madre encontrara en el celular de su hija mensajes del remisero con propuestas sexuales. A partir de esa denuncia, se inició una investigación conjunta entre la PSA y PROTEX, que permitió descubrir una red que operaba en torno a un colegio.

El remisero —reconocido por las víctimas como un vecino conocido en la zona— funcionaba como nexo entre las estudiantes y los “clientes”.

Las primeras detenciones ocurrieron en septiembre: el remisero, dos empresarios, un hombre de Campo Quijano y un estudiante del mismo colegio. Este último, de 16 años, fue liberado más tarde, ya que se sospecha que pudo haber sido manipulado por los adultos para informar sobre sus compañeras.

El viernes pasado fue detenido un militar y, el lunes, se sumaron tres arrestos más. De los nuevos detenidos, dos reconocieron una participación parcial, aunque negaron saber que las víctimas eran menores de edad.

Con estas detenciones, la causa ya suma nueve personas implicadas y ocho formalmente imputadas.

Según la Fiscalía, el grupo mantenía una estructura delictiva estable, con mecanismos de captación y control que se extendieron durante varios meses.

En los allanamientos realizados por la PSA se secuestraron celulares, dispositivos de almacenamiento, marihuana, aceite de cannabis, pastillas de estimulación sexual, juguetes eróticos, documentación y material audiovisual.

No se descarta que uno de los empresarios también sea acusado por suministro de drogas a las menores.