El caso de Pablo Laurta, acusado del femicidio de Luna Giardina, del asesinato de su ex suegra Mariel Zamudio, y del chofer Martín Palacios, volvió a poner en discusión los límites y falencias del sistema judicial en la detección de perfiles peligrosos.
Personas con estructuras psicopáticas pueden eludir pericias psicológicas sin que se detecte el riesgo que representan. Las estructuras psicopáticas se caracterizan por una alta capacidad de simulación y manipulación emocional. Esto les permite engañar incluso a profesionales entrenados, presentándose como personas funcionales y sin señales de peligro inminente.
Estos perfiles requieren evaluaciones constantes y seguimiento permanente, ya que pueden presentar conductas violentas o letales sin manifestar síntomas evidentes en una primera evaluación.
Caso Laurta: un historial ignorado
La historia entre Laurta y Giardina comenzó en hace varios años, incluso tuvieron un hijo en común, el niño ahora tiene 6 años. De esta relación, marcada por la violencia, Luna debió escapar. Regresó a Córdoba luego de vivir en Uruguay y lo denunció por agresión. La Justicia dispuso entonces una orden de restricción y un botón antipánico.
Sin embargo, Laurta violó la medida y fue encontrado oculto en el techo de la casa de Luna, donde permaneció escondido durante cuatro días. Fue detenido, pero recuperó la libertad un mes después. La fiscal Jorgelina Gutiez se basó en una en un informe psiquiátrico firmado por los doctores Marcela Scaraffia y Sebastián Andrés Nigro, que concluyó que concluyó que “no revestía peligrosidad ni presentaba factores psicopatológicos graves”.
En aquella oportunidad en 2024 el peritaje determinó que Laurta se encuentraba estable anímicamente, sin ideas de suicidio ni de agresión hacia otros. No se observaron elementos psicopatológicos que indiquen incapacidad para entender o dirigir sus acciones. Y afirma que no existían signos de riesgo grave ni inminente, ni para él ni para terceros.
El informe incluso desaconsejó su internación, sugiriendo solo un tratamiento ambulatorio vinculado a la problemática de violencia familiar. A pesar de las denuncias posteriores, la fiscalía no consideró que existiera un riesgo concreto. Hoy, tres personas están muertas, un menor fue secuestrado y el caso sacude al sistema judicial, policial y pericial.
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