Un grupo de profesionales de la salud de la Fundación "Todos por Todos", proveniente de Córdoba, fue víctima de un grave incidente protagonizado por el comisario Daniel Melchiori, quien, según testigos, se encontraba en un evidente estado de ebriedad. El hecho incluyó agresiones físicas, detenciones arbitrarias y un intento de secuestro de vehículos, lo que desató una rápida respuesta de las autoridades provinciales y un fuerte repudio del Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) de Chaco.
El incidente ocurrió cuando los médicos, tras culminar un operativo solidario en la zona, se retiraban en varias camionetas. Según el relato de los profesionales, un Toyota Corolla los interceptó, y de él descendió un hombre que, sin mediar explicación, agredió a puñetazos a uno de los conductores. Los médicos, indignados, decidieron dirigirse a la comisaría local para presentar una denuncia. Sin embargo, al llegar, descubrieron con asombro que el agresor no era otro que el propio comisario Melchiori, quien los recibió uniformado, como si nada hubiera ocurrido.
Abuso de poder y detención arbitraria
En un giro aún más grave, el comisario intentó confiscar las camionetas del grupo y, ante la resistencia de los profesionales, ordenó la detención de la doctora pampeana María Candelaria García Nebbia, oriunda de Realicó e hija del concejal local Javier García y la médica Lourdes Nebbia. La detención, carente de justificación legal, fue grabada en videos que se viralizaron rápidamente, generando una ola de indignación. Los médicos contactaron a autoridades de Córdoba, quienes mediaron para que un funcionario de Chaco recibiera la denuncia y gestionara la liberación de la doctora y sus colegas.
El escándalo derivó en la intervención inmediata de la comisaría de Taco Pozo por parte del Ministerio de Seguridad de Chaco, que también dispuso la separación del personal involucrado. El Consejo Provincial del PJ emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente el accionar del comisario, señalando que acumula más de 30 denuncias por conductas similares. El texto denuncia un patrón de abuso de poder y violencia institucional que, según el organismo, ha sembrado temor entre los habitantes de la localidad y pone en entredicho la gestión provincial en materia de seguridad.
El caso de Taco Pozo no solo expone un grave episodio de violencia institucional, sino que también plantea preguntas sobre la supervisión y el control de las fuerzas policiales en regiones alejadas. La rápida viralización de los videos y la presión de las autoridades cordobesas fueron determinantes para la resolución del conflicto, pero el incidente deja un precedente preocupante sobre el manejo de poder en las instituciones públicas. La comunidad espera ahora que la justicia investigue a fondo las acciones del comisario Melchiori y determine las responsabilidades correspondientes.
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