Portada  |  03 octubre 2025

Denuncian a Globant, Despegar y 19 tecnológicas por despidos con beneficios fiscales

La Asociación Gremial de Computación acusó a 21 empresas del sector tecnológico de incumplir la Ley de Economía del Conocimiento. Según el sindicato, firmas como Globant y Despegar redujeron personal pese a recibir beneficios fiscales para sostener los empleos.

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La Asociación Gremial de Computación (AGC) presentó una denuncia formal contra 21 empresas tecnológicas, entre ellas Globant y Despegar, por incumplir los compromisos laborales exigidos en el régimen de promoción de la Ley de Economía del Conocimiento. La presentación fue dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, y al subsecretario Sergio Pordelanne.

Según el gremio, Globant (Sistemas Globales S.A.) es el caso más grave: entre enero y julio de 2025 eliminó 453 puestos de trabajo, lo que representa un recorte del 9 % de su plantilla promovida bajo el régimen. En total, la AGC calcula que más de 3.000 despidos se produjeron en empresas beneficiarias durante los primeros meses del año.

La denuncia incluye también a Making Sense (−70 %, 111 puestos), ATOS (−15 %, 105 puestos), Arbusta (−45 %, 72 puestos) y ARL (−8 %, 45 puestos). Otras firmas con reducciones más moderadas son AFH Global (−8 %), Everis (−3 %), Despegar (−1 %), Epidata (−4 %), Pragma (−3 %), Services (−11 %), Axoft (−2 %) y Snoop Consulting (−8 %).

Para la AGC, estas bajas vulneran los requisitos esenciales de la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento, sancionada en 2019 y reformada en 2020, que establece que las empresas deben mantener o incrementar la nómina declarada.

El régimen otorga reducciones impositivas y créditos fiscales de hasta el 70 % del costo laboral. A cambio, exige que los puestos de trabajo se sostengan y, en caso de despidos, que se reemplacen en un plazo máximo de 60 días. Cuando esto no ocurre, el Estado puede aplicar sanciones, revocar la inscripción al régimen y reclamar la devolución retroactiva de los beneficios fiscales recibidos, lo que se conoce como clawback.

El sindicato advierte que la deuda acumulada podría ser “monumental” para las compañías denunciadas. Además, sostiene que el uso indebido de recursos públicos podría configurar un delito de carácter federal.

La AGC también denunció prácticas que agravan la precarización laboral en el sector. Entre ellas mencionan salarios congelados, horas extras no remuneradas, contrataciones bajo monotributo, trabajo offshore y diferencias entre el contrato legal y el salario real.

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