El Poder Judicial de Córdoba inició un proceso interno para analizar la actuación de la fiscal Jorgelina Gutiez y de tres integrantes de su equipo en el expediente previo que involucraba a Pablo Laurta, el hombre que luego terminó imputado por el doble femicidio.
La Secretaría de Sumarios Administrativos formalizó la medida con el objetivo de determinar si existieron errores en la evaluación del riesgo y en las acciones preventivas. Se busca establecer si el Ministerio Público identificó correctamente los indicadores de gravedad que ya estaban presentes en la denuncia previa.
Una de las víctimas había denunciado a Laurta en octubre de 2023 y él incluso llegó a estar detenido en enero de este año. Pese a ese antecedente, la sospecha es que no se valoraron de manera adecuada los signos de alerta.
La parte acusadora en la causa señala que las responsabilidades no se limitarían solamente a la fiscalía, ya que también podrían alcanzar a personal policial involucrado en las etapas iniciales del caso.
El sumario busca esclarecer cuáles fueron los criterios utilizados, por qué no se avanzó con medidas de protección más contundentes y qué falló en el sistema estatal que debía resguardar a las víctimas.
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